Absa invalida los reclamos de la Defensoría

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La Defensoría Ciudadana de La Plata, se dirigió a la empresa ABSA, los últimos días de diciembre, a fin de requerir se sirviera tomar efectiva intervención para resolver la falta de suministro de agua que se encuentran sufriendo desde hace varios días los vecinos de Tolosa, San Carlos, Villa Elvira, Altos de San Lorenzo y Barrio norte de la ciudad de La Plata.

Al efecto se le solicitó a la empresa, que diera solución al problema e informara los motivos que originaron la falta de suministro, indicando las acciones que está llevando a cabo para dar solución al problema y plazo estimado para la normalización definitiva del servicio.

La falta de agua, fue y sigue siendo motivo de numerosos reclamos vecinales, que se han dirigido a la Defensoría por no haber obtenido respuesta alguna de la empresa. Afecta de manera sustancial la calidad de vida de la población, agravado especialmente el cuadro ante las altas temperaturas que presenta la región.

Con fecha 3 de enero del 2019 la empresa en respuesta a lo requerido por la Defensoría, remite nota argumentando que en la disposición emanada del organismo, se ha omitido señalar la cantidad de reclamos que no habrían tenido respuesta, como asimismo que no se han individualizado los nombres, direcciones, unidades de facturación y/o números de reclamos de los mismos.

Está claro que en el reclamo, la Defensoría no se refiere a planteos individuales aislados de los vecinos, sino a la falta de servicio de suministro de agua en barrios enteros, los que fueron perfectamente individualizados en la requisitoria efectuada; cuestión que pretende desconocer la respuesta brindada por la empresa.

Asimismo manifiesta que la Defensoría resulta incompetente para entender en materia del servicio público prestado por la empresa, por carecer de competencia para fiscalizar, controlar, y/o emitir órdenes e instrucciones en el obrar de Aguas Bonaerenses S. A., en consonancia con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ordenanza 7854; en virtud de ser un organismo de jurisdicción provincial.

Está claro que el artículo 1, inciso 4 de la Ordenanza 7854 establece que la Defensoría Ciudadana tendrá como función recibir las quejas y denuncias con respecto a problemas relacionados con el medio ambiente y la violación de derechos humanos.

Agregando el artículo 14 inciso 3 que el organismo, podrá igualmente canalizar las propuestas, denuncias de vecinos, entidades de bien público y demás instituciones representativas de interés comunitario, relacionadas con el medio ambiente, violación de derechos humanos y otros aspectos generales de la vida ciudadana.

Tal como se desprende de normativa internacional el acceso al agua es un derecho humano básico y por ende la falta de acceso al mismo implica una clara violación a ese derecho.

Así lo establece la Observación General Nro. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 2002), al afirmar que “el derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna” y que “el derecho al agua se define como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico”.

Por ende la Defensoría, conforme a su normativa, tiene plena competencia para requerir a la empresa la normalización del servicio del agua a los barrios afectados; en representación de cientos de ciudadanos platenses que se encuentran afectados por la falta de acceso al agua por el deficiente servicio brindado por la empresa, implicando su accionar una flagrante violación de los derechos humanos de los mismos.

La Suprema Corte Provincial, oportunamente otorgó a nuestro organismo legitimación plena en defensa de los intereses colectivos de la ciudadanía platense, en ocasión de expedirse en autos “Negrelli Oscar Rodolfo y otros c/ Absa s/ Amparo“ por la cual se declaró la nulidad del aumento tarifario ordenado por el Decreto 245/2012.

“La intervención de la Defensoría no obedece a la potestad de la fuerza sino que nos viene impuesta por la intrínseca obligación de asegurar y preservar el bienestar de la población y la protección de sus derechos humanos básicos”, sostuvo María Florencia Barcia, la titular.

Y agregó: “Somos conscientes de la fuerza con que los empresarios-proveedores son capaces de hacer uso de su poder de “lobby”, para impedir que se comprometa el statu quo que garantiza la obtención de sus objetivos económicos.

De ahí la importancia que tiene el reclamo de organismos como el nuestro en la defensa de los intereses colectivos, para compensar la disparidad de fuerzas entre las empresas y los usuarios, cuando sus prerrogativas están siendo avasalladas como en este caso”.

El reclamo también se ha dirigido a Ada en su carácter de Autoridad del Agua, encontrándose pendiente de respuesta la denuncia efectuada.

Por todo ello, se continuara con el reclamo, reivindicando la competencia de la Defensoría Ciudadana de La Plata, ante todas las instancias que sean necesarias, hasta lograr el restablecimiento de los derechos de la población afectada por la falta del servicio brindado por la empresa Absa.

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